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La Fiscalía General del Estado requerirá al Juzgado de Garantías imponer la pena máxima e incluso aumentarla al presunto homicida Edgardo R. A, detenido en Tijuana, Baja California, quien prendió fuego a su esposa en Matías Romero.

“Las agravantes derivadas de la relación con la víctima es un supuesto específico para incrementar la pena”, afirmó su titular, Rubén Vasconcelos Méndez.

Subrayó que la detención del presunto homicida demuestra el interés y la determinación de la administración estatal para hacer justicia y evitar la impunidad de cualquier delito.

Explicó que la Fiscalía General del Estado puso a disposición del Juzgado de Garantías de Tehuantepec al detenido y después pasó a la audiencia de control de detención e inmediatamente a la audiencia de imputación por el delito de feminicidio.

Destacó que el presunto homicida podría ser sentenciado a la pena máxima de 40 a 60 años, pero se podría elevar una tercera parte y alcanzar hasta 80 años, ante la relación con la víctima.

Conmoción nacional

“Este caso conmocionó a Oaxaca por la saña y el odio utilizada en contra de la víctima; por tanto, requiere de la pena máxima”, añadió

De este modo, detalló que la Fiscalía General del Estado solicitará la pena máxima al Juzgado de Garantías porque el feminicidio se castiga severamente en Oaxaca y así dejar constancia de la decisión de terminar con la impunidad.

Además, resaltó que según algunas investigaciones, el presunto homicida estaría vinculado con grupos de la delincuencia organizada, dedicados al robo de hidrocarburos en el Istmo de Tehuantepec y a otras actividades ilícitas.

63 homicidios de mujeres

Por otra parte, el fiscal precisó que 63 mujeres han muerto en forma violenta de enero a la fecha en el estado, pero observó que no todos estos decesos pueden considerarse como feminicidios.

“Las organizaciones civiles llaman feminicidios a todos, pero técnicamente no son así”, señaló.

No obstante, dijo que la Fiscalía General del Estado ha iniciado las averiguaciones por el deceso de las 63 mujeres con la aplicación del protocolo de feminicidio.

“En el desarrollo de la investigación, se podrá determinar si efectivamente es un feminicidio o un homicidio calificado, porque no todas las muertes violentas son feminicidios”, insistió.