MILENIO

El plan, con base en un caso que se investiga en otra nación por la supuesta intervención ilegal de comunicaciones de personas públicas.

Ricardo Sánchez Pérez, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la PGR, dijo que el plan se trazó con base en un caso que se investiga en otra nación por la supuesta intervención ilegal de comunicaciones de personajes públicos.

Es por ello, abundó, se ordenó conformar un grupo de apoyo técnico que también estará integrado por la Asociación Mundial de Operadores Móviles (GSMA) con sede en Londres; la Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como del ex presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel),Héctor Osuna Jaime.

Sánchez puntualizó que el Ministerio de Justicia de Canadá también colaborará, vía asistencia jurídica internacional.

“Se declarará a todas las empresas que han vendido equipo que posibilite la intervención de comunicaciones en México con las capacidades que han señalado los periodistas y defensores de derechos humanos, a efecto de conocer a qué gobiernos estatales ha entregado este tipo de equipos y, en su caso, si algunos de estos equipos pudieron haber llegado a entidades distintas a las dependencias públicas”, expresó el fiscal.

El funcionario de la PGR subrayó que también se revisará el equipo que hayan adquirido dependencias federales.

Otro paso es solicitar a las empresas de telefonía celular en nuestro país los registros de las llamadas de los teléfonos móviles presuntamente atacados para detectar si existe similitud entre los números a los que se envió el malware.

“Se ha ordenado a todas las dependencias federales y estatales de seguridad que pudieran tener acceso a equipos y softwares para realizar intervención de comunicaciones que resguarden toda la información relacionada con la contratación de los equipos Pegasus (malware), similares o análogas”, añadió.

El fiscal dejó en claro que todas las personas que han denunciado de manera pública o formal el presunto espionaje serán notificados por el agente del Ministerio Público federal para que aporten sus equipos y se les pueda practicar un análisis forense que incluirá la fijación telefónica, la fotografía de los mensajes sospechosos y la ubicación del virus o malware.

Sánchez Pérez aseguró que todas las medidas cautelares que solicitó la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya han fueron cumplidas desde el 24 de junio.

INAI

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales informó que iniciará las investigaciones pertinentes sobre los presuntos hechos de espionaje mediante el uso de software malicioso a periodistas y defensores de derechos humanos.

También invitó a quienes sientan afectados sus derechos a presentar ante esta instancia su denuncia y, en su caso, aportar elementos que permitan enriquecer la investigación y reafirmó su compromiso con la sociedad de salvaguardar rigurosamente los datos personales de cualquier  persona.

En un comunicado rechazó cualquier transgresión contra los derechos humanos de comunicación, información, libertad de expresión y protección de datos personales y advirtió que actuará en los términos de ley que correspondan.

 

Claves

Van a la Corte

  • Artículo 19 y otras organizaciones pidieron al Senado reformas a las normas que facilitan el espionaje a los particulares en el país, al plantear la representante Paulina Gutiérrez que si el gobierno asegura que ellos no espiaron, deben investigar quién lo hace.
  • Gutiérrez, en un foro en el Senado, dijo que ya interpusieron un amparo en la Suprema Corte para que declare inconstitucionales los artículos “que tienen resquicios para que haya espionaje”.