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En lo que va de este 2017 se han reportado por lo menos 74 feminicidios por lo que organizaciones sociales continúan en la búsqueda de la Alerta de Violencia de Genero.

El proceso para emitir la Alerta de Violencia de Genero (AVG), podría llevar de tres a cuatro meses toda vez que los estatutos estipulan y marcan los períodos para la investigación, presentación del estudio y finalmente la aceptación o no de los resultados por parte de las autoridades estatales, en este caso de Oaxaca.

Esta medida consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado.

En este sentido, la alerta de género, es vista como una posibilidad y una oportunidad para Oaxaca y no se teme que se pueda “dar entrada” a la declaratoria  dijo la Fiscal Especializada  en Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, Rosario Villalobos.

Aunque, grupos y organizaciones en materia de defensa de los derechos de la mujer han pugnado para que la AVG se aplique en la entidad, es necesario cumplir con los requisitos pero en diversas ocasiones se ha dado negativa a emitir dicha alerta.

De acuerdo a las estadísticas de diciembre de 2016 al 14 de julio de 2017 se han registrado 73 muertes violentas de mujeres y durante el sexenio del exgobernador, Gabino Cué Monteagudo se contabilizaron al menos 526, sin embargo es la Fiscalía Estatal quien determina si son o no femenicidios.

El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM ) admitió la solicitud de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO),para buscar la declaración de Alerta de Violencia de Género.

Por lo que de admitirse  la entidad se estaría  sumando a las alertas emitidas en 80 municipios de 11 entidades del país, pero el proceso aún no concluye.

La directora General del Grupo de Estudios Rosario Castellanos (GesMujer), Jimena Avellaneda confirmó que desde este 20 de julio se instalaron  las mesas de trabajo e investigación tras la admisión de la solicitud de la AVG.

A partir de ese día, el grupo interdiciplinario contará con 30 días para recabar la información necesaria extraída de organizaciones sociales de las comunidades en donde se ha registrado este fenómeno y otros elementos más.

El equipo de  trabajo se encuentra integrado por las académicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UNAM), y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, así como  de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), al igual que la Fiscalía y la Fiscalía Espacial.

Transcurridos los 30 días, el grupo especializado presentará el informe ante la Secretaria de Gobernación (SEGOB), quien revisará y notificará al Gobierno Estatal, este proceso podría tardar hasta cuatro meses.

La directora General del Grupo de Estudios Rosario Castellanos (GesMujer), Jimena Avellaneda señaló que se ha entendido de que se trata de un proceso y que no puede ser de un día para otro la aplicación de la Alerta de Violencia de Género (AVG).

Sin embargo, la experta expuso que en este proceso pueden suceder dos cosas: una que las autoridades estatales acepten el informe y cumplan con las medidas o en su defecto rechace el estudio es entonces cuando se aplique la AVG.

En este sentido, Jimena Avellaneda expuso que la Alerta de Violencia de Género no debe considerase por las autoridades estatales como una llamada de atención.

“Hay estados en donde no se ha podido emitir la alerta de género porque los niveles de violencia no son altos”, expuso la directora del General del Grupo de Estudios Rosario Castellanos (GesMujer).

Por su parte a diputada María de Jesús Melgar del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), consideró que no se debe esperar más para emitir dicho mecanismo ante la violencia contra las mujeres que se ha recrudecido en los últimos meses.

La legisladora recordó que fue ella quien presentó la solicitud ante la DDHPO en el mes de mayo pero que fue rechazada por el titular Arturo Peimbert Calvo.

Por lo que el 7 de junio se presentó un amparo ante la actitud del funcionario, quien se ha valido ahora del trabajo de la legisladora para presentar como suya la petición.