Regidora Bárbara García Chávez

25 de noviembre

 

La violencia contra las mujeres, o de género está directamente vinculada a la ancestral desigual distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad, que perpetúan la desvalorización y subordinación de lo femenino a lo masculino, y que provoca en la vida de las mujeres discriminación, exclusión, desigualdad y violencia que atentan contra la humanidad de las mujeres y son flagrantes violaciones a los derechos humanos fundamentales de cuando menos de la mitad de la humanidad.

Lo que diferencia a este tipo de violencia de otras formas de agresión es el factor de riesgo o de vulnerabilidad: el solo hecho de ser mujer.

la violencia de género rompe de facto lo que la norma reza, lo que los tratados y convenios manifiestan y que establecen que en condiciones de igualdad con los hombres, las mujeres gozan de todos los derechos y libertades, así como al respeto de su autonomía, de acuerdo a la convencionalidad obligada, la constitucionalidad nacional y las normas secundarias; en consecuencia tienen derecho a ser agentes y beneficiarias del desarrollo, a la participación social y a una política equitativa, a reivindicar sus derechos reproductivos y ejercer pleno y libre control sobre su cuerpo.

Así tenemos que la violencia familiar es la más terrible. Solo en la ciudad de Oaxaca se han registrado mil 539 denuncias, que equivalen a 154 por mes, en los primeros 10 meses de este año. La violencia familiar cotidiana e impune, por el abuso que representa la aberración del espacio propio, donde la violencia se transforma en sufrimiento martirio y tortura; ahí, en el hogar, el criminal es absoluto y despótico, las mujeres su propiedad, sus víctimas; en casa, el patriarcado es feroz e infalible. El hogar, el espacio doméstico que sigue siendo considerado privado, intocado de facto por la justicia.

La violencia familiar es sin duda el ámbito donde se registran los indicadores mayores de violencia, negándoles a las niñas y mujeres la debida protección de ley interviniendo en tiempo y forma, afectando su dignidad, y dejando en permanente riesgo su integridad física y su vida.

Desde 1993, Naciones Unidas, acordó que la violación de los derechos humanos de las mujeres no se limita a los actos cometidos o amparados directamente por los gobiernos, sino que éstos tienen responsabilidad social y política por los cometidos por terceros, cuando no han intervenido ni tomado las medidas necesarias para prevenir, investigar y castigar actos de violencia.

De acuerdo con este criterio el Estado será cómplice de los hechos cuando no ofrece a las mujeres la protección necesaria frente a la violación de sus derechos, así como por actuar con negligencia e ineficacia  al no prevenir y castigar los actos de violencia de género

De igual manera, la incapacidad del Estado para poner fin a las condiciones sociales, económicas y culturales que hacen vulnerables a las mujeres ante la violencia de género determina que sea responsable de ésta, puesto que debe contribuir activamente a erradicar las injusticias y desigualdades que se manifiestan en las relaciones de género.

Y qué decir de esas otras violencias que parecen cotidianas y hay que enfrentar en el contexto de violencia extrema ante la inacción institucional, el acuse de medios incisivos y cínicos que fomentan todos los días la violencia verbal inquisidora deformativa que parece eternizar la asignatura de la cultura de la desigualdad, acompañada de opiniones confesionales que manosean conciencias y promueven la estupidez, y la indiferencia social,  que por sí misma resulta violencia.

Todo ello, moldea lo cotidiano, que sabemos, forma parte de esta cultura patriarcal que no acabamos de deconstruir, que nos falta mucho por andar y que sigue siendo la resistencia de lo masculino machista que se reorganiza y se niega a perder sus privilegios a pesar de tener enfrente a la mitad de la humanidad disminuida y con miedo.

Sí, las  mujeres vivimos en riesgo permanente, con miedo por nosotras, por nuestras hijas, hermanas, madres, amigas, vecinas, nuestra vida está en peligro…Las noticias, la calle obscura, el transporte inseguro, el acoso callejero, la calle sin pavimento, la falta de policías confiables, mecanismos de justicia inalcanzables, saber que nadie del gobierno –cual sea- no nos garantiza  protección y que tantas mujeres son violentadas, desaparecidas, asesinadas y no pasa nada.

Ineficacia e impunidad, la peor y más naturalizada violencia contra las mujeres cuya vida no parece humana sujeto de derechos fundamentales. Un dato importante conocido hace pocos días en la presentación del informe del grupo de trabajo para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Oaxaca, es el relativo a que el Tribunal Superior de Justicia del Estado NO lleva registros administrativos sobre violencia contra mujeres, ni sobre las órdenes de protección que otorga. Tampoco se reporta la existencia de estos registros por parte de la Fiscalía General.

En este mismo informe se señala que el estado reportó, respecto de las medidas de protección que cuenta con el Refugio “El Jardín de las Mujeres” del Centro de Atención a Víctimas de la Violencia Intrafamiliar, adscrito al Instituto Municipal de las Mujeres del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, para dar alojamiento y atención psicológica y legal a las mujeres en situación de crisis extrema de violencia. Este dato lo dieron faltando a la verdad con alevosía, pues quien no sabe la verdad infame de la entrega obscura e ilegal del comodato por el que este gobierno se deshizo de una obligación contraída en el 2004, frente a la demanda de asociaciones de mujeres de diferente ideología y adscripción política. Aprovecho para reafirmar la exigencia que le hemos presentado en diferentes foros y momentos desde hace 8 meses, la inmediata revocación de ese contrato ominoso con intereses políticos que está afectando la institucionalidad y la oportunidad tal vez única que tienen mujeres víctimas de violencia extrema de salvar su integridad física, incluso su vida y la de sus menores hijas e hijos.

Las cifras que registra la Encuesta Dinámica de Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 del INEGI indican que 66.1% mujeres en México han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor; 34 % violencia física y 41 % violencia sexual.

Entre 2011 y 2016, los casos de violencia sexual aumentaron, de 35 a 41.3 % y los feminicidios pasaron de 6.3 a 7 diarios entre 2014 y 2017. De cada 12 feminicidios que se cometen a diario en Latinoamérica, siete ocurren en nuestro país.

En el ámbito laboral en promedio, cada mujer tuvo 3 agresores en el último año, independiente de las limitaciones salariales, obstáculos al crecimiento profesional, etc.

La violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito comunitario ocurre en la calle, parques y en el transporte público. Las agresiones ocurridas en la calle son principalmente de tipo sexual (66.8%), tales como: piropos groseros y ofensivos, intimidación, acecho, abuso sexual y violación.

43 % de mujeres de 15 años y más han experimentado algún tipo de violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o novio.

  1. 4 millones de mujeres de 15 años y más sufrieron abuso sexual durante su infancia, la mayoría por algún pariente cercano.

En los últimos 5 años, 33.4 % de las mujeres de15 a 49 años que tuvieron un parto, sufrió algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron antes durante y posterior al parto.

La incidencia en Oaxaca de agresiones o conducta violenta contra mujeres aumentó de 62 a 67 por ciento.

En Oaxaca se lleva un registro formal de asesinatos de mujeres desde las asociaciones civiles, que realizan un seguimiento hemerográfico con un registro de 107 feminicidios, como establece el protocolo respectivo se deben clasificar los asesinatos de mujeres para su investigación en un principio, de los cuales al menos una cuarta parte han sido cometidos en Oaxaca de Juárez y su área conurbada hasta octubre de este año.

Es obvio las políticas públicas no caminan en paralelo con la convencionalidad firmada y ratificada, específicamente con la CEDAW ni con la normativa Nacional en materia de Derechos Humanos y  existen fracasos notables en materia de prevención y acceso a la justicia para las mujeres violentadas.

Y qué decir de la responsabilidad del estado por la suerte que experimentan las víctimas que buscan denunciar algún tipo de agresión en su contra, que además el resultado es del 95 por ciento de impunidad en  los casos de Feminicidio y casi 95 por ciento en denuncias de violencia familiar.

Existen innumerables fallos por acción y omisión del estado mexicano en sus tres niveles de gobierno ejecutivo como en el ámbito judicial ante la prevención, atención y sanción de la violencia de género; sin duda, el fallo más costoso es la ausencia de políticas y recursos para prevenir la violencia doméstica, que es el germen de la violencia feminicida.

El feminicidio es un crimen de Estado, como lo refiere Marcela Lagarde, por su permisión tácita e impune que implica la violencia criminal de impacto a la humanidad exhibiendo a los gobiernos en su inoperancia.

Fue en 1999 cuando la Asamblea General de la ONU determinó declarar cada 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como respuesta a una propuesta hecha por las feministas latinoamericanas en la década de los ochenta que habían elegido ese día para recordar el asesinato de las hermanas Patria, Teresa y Minerva Mirabal, a manos del dictador Leonides Trujillo, en República Dominicana.

Hoy, a 57 años del asesinato de la hermanas Mirabal, y a 18 de la declaración de la ONU como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, el Estado mexicano -que incluye por supuesto a Oaxaca como entidad y como municipio-, tiene pendientes con nosotras, en tanto la violencia aumenta en número, en nuevas formas y en crueldad, es claro que la justicia es la mayor deuda que se tiene con las mujeres, lo que se puede constatar en la impunidad que prevalece y que viola nuestros derecho humano y constitucional a vivir una vida libres de violencia.